Noelia Castillo es una joven catalana de 24 años, que, en el último intento de suicidio, se lanzó desde un quinto piso, quedando parapléjica. Pese a la discapacidad del 74% y sus trastornos mentales, es una chica que se mueve en silla de ruedas y con muletas. Incluso es coqueta y le gusta pintarse e ir elegante.
A raíz de que el Congreso de los Diputados aprobara el 18 de marzo de 2021 la ley de la eutanasia —202 votos a favor y 141 en contra—, se han efectuado 1.300 solicitudes, de las cuales apenas la mitad han conseguido la prestación. En el caso de Noelia, el padre se opuso a que le practicaran la eutanasia, porque entendía que, pese a sus limitaciones, con los cuidados médicos y con ayuda psicológica podría desarrollar una vida digna.
En la tramitación del expediente administrativo, “la dupla” del médico y jurista que tenían que dictaminar si reunía los requisitos legales, concertaron abstenerse. Lo que llevó a que 19 especialistas del servicio de salud de Cataluña, entraran a valorar si procedía dicha prestación, de cuyo Parlamento 109 diputados están a favor de la eutanasia y 26 en contra. El dictamen de este organismo autonómico es el único admitido en el expediente, pues ni en la vía administrativa ni en la judicial se ha podido aportar un dictamen contradictorio.
Un día antes de que se le concediera a Noelia la prestación solicitada, el padre interesó del juzgado contencioso-administrativo número 12 de Barcelona, la adopción de medidas cautelares, a expensas de que se dictara una resolución judicial firme. Este juzgado, el 14 de marzo de 2025 dictó sentencia desestimando el recurso formulado por su progenitor, argumentando que no estaba legitimado para actuar, al ser su hija mayor de edad.
Esta sentencia se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, el 19 de septiembre de 2025, ha notificado la sentencia, confirmado la del juzgado “a quo”, pero con la salvedad importante de reconocer que el padre está legitimado para intervenir en el proceso, tal y como había informado el Ministerio Fiscal. Aspecto que creará jurisprudencia para otros supuestos, a expensas de pronunciamientos posteriores.
Esta resolución será ahora nuevamente recurrida en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por parte del letrado del progenitor, la Fundación Abogados Cristianos. E incluso queda otra instancia a nivel nacional, el Tribunal Constitucional, mediante un recurso de amparo, para el supuesto de que el Alto Tribunal desestime el recurso planteado por el padre de Noelia, en contra de la voluntad de su hija. Entonces será cuando deje de tener efecto la medida cautelar, todavía existente; será firme la resolución y la beneficiaria de la prestación del derecho a la eutanasia podrá ver cumplido su fatídico deseo.
Mientras tanto, pueden transcurrir tres o cuatro años, en los que Noelia seguirá con vida, y quién sabe si llegará a cambiar de opinión, y optará por continuar viviendo. Aun así, existirá un último recurso del padre de Noelia contra el Estado español, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo.
Este caso emblemático sirve para plantearse muchas cuestiones antropológicas sobre el sentido de la vida, la libertad y el dolor, en una sociedad deshumanizada e impregnada de un alto nivel de relativismo y utilitarismo.
Existe el sofisma de que no se puede imponer a las personas vivir con sufrimiento, al que a todos nos aterra, y cuya formulación suscribiría la totalidad social. Para dar solución a este importante dilema está el sistema de salud, para implementar los cuidados paliativos, aún muy poco desarrollados.
En modo alguno se ha de acudir al “encarnizamiento terapéutico”, cuando la especialización médica puede dar respuesta satisfactoria a esta situación, en la que tarde o temprano todos tendremos que experimentar. Porque todas y cada una de las vidas humanas — desde el mismo instante de la concepción en estado embrionario hasta la muerte natural—, por la dignidad que comportan, sí que importan.
El anhelado deseo de la paz en Tierra Santa es una exigencia que se ha puesto de manifiesto estos días en la ONU. Si en Gaza han muerto 48.503 palestinos, desde el 7 de octubre de 2023, Naciones Unidas tendría que considerar los 200.000 menores inocentes e indefensos, que, en España, durante este tiempo, han visto cercenada su vida.
