En una respuesta contundente a una jornada de violencia coordinada, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el pasado 17 de enero el Estado de Sitio en todo el territorio nacional. La medida, con una vigencia inicial de 30 días, busca neutralizar la ofensiva de estructuras criminales que han puesto en jaque la seguridad pública y han cobrado la vida de al menos diez agentes de las fuerzas de seguridad.
La crisis se originó tras motines simultáneos en tres centros penitenciarios, donde internos tomaron rehenes para presionar por privilegios carcelarios. La escalada de violencia no se limitó a las prisiones; ataques armados en distintos puntos del país elevaron la tensión a niveles críticos.
Bajo el régimen de excepción, el Estado queda facultado para realizar detenciones sin orden judicial, aunque el mandatario aseguró que la medida no debe alterar la vida cotidiana de los ciudadanos, enfocándose exclusivamente en el combate a las maras y el narcotráfico.
Ante el clima de incertidumbre, la Iglesia Católica ha tomado una postura de cautela y guía moral. El Arzobispo Mons. Gonzalo de Villa ordenó la suspensión temporal de las celebraciones vespertinas para proteger a la feligresía, mientras que el Arzobispado de Santiago de Guatemala exhortó a la nación a unirse en una «oración ferviente». La institución eclesiástica enfatizó que la paz social solo se alcanzará mediante la justicia y el discernimiento, calificando la oración como una herramienta vital frente a los desafíos que hoy fracturan la convivencia en el país.
Fuente: Aciprensa
