La ley 13/2005, de 1 de julio, que entró en vigor el 3 de julio, y aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, cumple ahora veinte años. Esta reforma supuso la modificación del artículo 44 del Código Civil: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. A su vez, se reconocía otros derechos como la adopción conjunta, la herencia y la pensión en esta nueva definición del matrimonio.
Esta ley formaba parte del programa electoral del PSOE, que, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, ganó las elecciones en 2004. El anteproyecto de ley de reforma del Código Civil fue anunciado en el Congreso de los Diputados por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
El Consejo de Estado dictó un informe en el que reconocía inadmisible la discriminación existente hacia las personas homosexuales, pero establecía que el matrimonio entre personas del mismo sexo no tenía encaje constitucional; argumentaba que la ausencia de discriminación podía lograrse por otros medios. La Cámara Baja aprobó el proyecto de ley con 183 votos a favor y 136 en contra (PP y Unión Democrática de Cataluña) y 3 abstenciones.
Este texto fue remitido al Senado para su debate, en donde fue vetado, con la intervención de expertos para aportar sus conocimientos científicos, como el psiquiatra Aquilino Polaino, que abordó los efectos de la adopción de niños por parejas homosexuales. Este veto fue levantado por el Congreso de los Diputados con 187 votos a favor (PSOE, ERC, Nafarroa Bai, IU-Los Verdes, PNV, BNG, CC, CHA y Celia Villalobos diputada del PP).
Le preguntaron al Rey Juan Carlos I si ratificaría esta ley, a lo que contestó que era el rey de España, no el de Bélgica, en alusión al rey Balduino, que abdicó durante varios días para no firmar la ley del aborto. Y es que esta norma generó un amplio debate y división social en nuestro país. Como muestra la multitudinaria manifestación en Madrid de 18 de junio de 2005, con cerca de un millón y medio de asistentes, convocada por distintas asociaciones civiles, bajo el lema: “La familia sí importa, por el derecho a una madre y a un padre, por la libertad”.
El coordinador del grupo de gais y lesbianas del PP, Javier Gómez, escenificó la división de esta formación y consiguió que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, le casara civilmente con su pareja. No obstante, el Partido Popular presentó recurso de inconstitucionalidad contra dicha reforma. El Tribunal Constitucional se pronunció a favor del “matrimonio igualitario” mediante sentencia de 6 de noviembre de 2012, con 8 votos a favor y 3 en contra.
Después de la sentencia declarando constitucional la ley de amnistía, todo es posible en este órgano politizado. Sin embargo, PP y PSOE, acaban de aprobar la proposición de ley que tipifica como delito las llamadas terapias de conversión sexual. Un sector de la sociedad entendió que se trataba de una conquista de los derechos sociales, al ser España el tercer país del mundo, después de Países Bajos y Bélgica, en aprobar el matrimonio gay.
Actualmente la legislación de numerosos países de África, Asia, Sudamérica, Rusia y Europa central, no admite el denominado matrimonio homosexual, por contradecir sus principios morales-culturales.
En veinte años se han celebrado en nuestro país 75.561 matrimonios gais, apenas un 2% de la totalidad. Esta ley no es baladí, porque tiene un hondo calado antropológico, moral y social. El matrimonio siempre será la unión de un hombre y una mujer para engendrar hijos. Las uniones de personas del mismo sexo requieren su propia regulación, sin que suponga discriminación alguna.
Igual que un contrato de compraventa se distingue de un contrato de arrendamiento, no pueden confundirse realidades distintas. Igualar estas instituciones desiguales lesiona a la que es genuina. En una sociedad plural y democrática se toleran las diferentes ideas. Aquí se vulnera el derecho de los hijos a tener un padre y una madre, a la vez que se fomenta la aberración mercantilista de los vientres de alquiler.
El fundamentalismo de la ideología de género ha socavado, en una sociedad relativista, los cimientos de la cultura occidental, mediante su ingeniería social que ha colonizado las instituciones a nivel global. Estos experimentos ideológicos terminan por pagarse (demografía-familia-vida). Actuar contra la naturaleza tiene consecuencias.
