Un informe del Comité de Bioética, organismo público asesor del Gobierno, sostiene que las órdenes y fundaciones pueden «imponer» su «ideario» a sus trabajadores, pese a que la ley establece que la objeción de conciencia es «individual». Así mismo sostiene que los centros sanitarios dependientes de la Iglesia puedan ver reconocida una objeción «institucional» de conciencia a la Ley de Eutanasia.
Según informa InfoLibre, el comité, que ya se posicionó en contra del derecho a la eutanasia, avala así las pretensiones de la Conferencia Episcopal y de hasta cinco «instituciones religiosas» que trabajan en el sector sanitario.
Presentándose como «instituciones religiosas dedicadas a la asistencia sanitaria», la Orden de San Juan de Dios, la Federación Nacional Lares, Hospitales Católicos de Madrid, la Orden de Religiosos Camilos y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) declaraban:
– «Que acelerar la muerte, ya sea por acción o por omisión […], nos parece un daño irreparable que no estamos dispuestos a infringir [sic] a nadie».
– «Que facilitar una acción suicida o una actuación homicida, aunque esta actuación sea solicitada y aceptada por el propio interesado, es un error, porque supone un desprecio por la dignidad humana, ya que suprime a la persona a manos de otras personas».
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