María Calvo responde a la Ministra Celaá.

LIBERTAD VERSUS IGUALDAD. LA ETERNA DIALÉCTICA

“Si no hay libertad, la Ley no es impracticable o superflua, sino absurda e incomprensible, no puede ser leída en modo alguno” . Fernando Savater; La tarea del Héroe.

El art.27 de nuestro Texto Constitucional reconoce el derecho a la educación junto a la libertad de enseñanza. Su redacción resultó realmente compleja; fue sin duda uno de los preceptos más debatidos y trabajados y supuso una enorme dación de generosidad entre las partes enfrentadas para conseguir el consenso final que refleja el acuerdo de posturas profundamente antagónicas, que se sacrificaron en parte para obtener un resultado conveniente para toda la sociedad española.

Si bien es cierto que no se incluyeron expresamente dos derechos básicos: el derecho a la dirección de los centros y el derecho a elegir centro escolar. Efectivamente de una detenida lectura del art.27 deducimos que en ninguno de sus 10 apartados se reconocen estos dos derechos. Sin embargo, cuando la Constitución llega al Senado, después de su aprobación en el Congreso, se introdujo, por medio de una enmienda, el art. 10.2 CE que dispone lo siguiente: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que  la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. 

De esta forma indirecta, se estaban incorporando a nuestra Constitución el derecho a la dirección de centro por sus titulares y el derecho a la elección de escuela según reconocen varios Tratados internacionales ratificados por España y, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

También, posteriormente, el Tribunal Constitucional en sus sentencias incluyó expresamente el derecho a la libre elección de centro en el marco de la libertad de enseñanza proclamado constitucionalmente  (SSTC 5/81de 13 de febrero y 77/85 de 27 de junio). 

En ellas, el TC afirmó que la “libertad de enseñanza” prevista en el art.27.1 CE, no es simplemente una única libertad sino un conjunto de derechos y libertades; una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones e incluye el derecho de los padres a elegir el colegio que estiman más adecuado para el desarrollo de sus hijos.

A pesar de lo previamente dicho, la Administración no ceja en el intento de asumir el papel irrenunciable que corresponde a los padres de elegir la escuela de sus hijos. Lo que supone convertir a la Administración en el ente supremo que decide que es bueno y qué es malo para nuestros hijos. Con tal fin, el Gobierno pretende desde hace tiempo equiparar todos los centros financiados con fondos públicos a los colegios públicos stricto sensu, lo que le lleva a vulnerar el derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos. De este modo, los centros concertados se convierten en una mera continuación de la enseñanza pública. Sin embargo, la percepción de dinero público no puede en ningún caso servir de pretexto para impedir una verdadera libertad de elección por parte de los padres. En la administración del dinero público no se pueden ignorar las preferencias sociales. Para que la libertad sea real en los centros concertados es necesaria la existencia de una absoluta disociación entre la financiación y la prestación educativa.

Los padres saben mejor que nadie qué tipo de  educación quieren para sus hijos, en el marco de sus creencias religiosas y valores. La Administración no solo no puede decidir por ellos (lo que es propio de los modelos de educación stalinista) sino que, por el contrario, tiene la obligación de favorecer el ejercicio de este derecho por parte de los padres, abriendo el abanico de opciones educativas al máximo posible.

Libertad de enseñanza e igualdad de oportunidades son términos que se encuentran en constante tensión dialéctica, cuando lo deseable sería su absoluta complementariedad. Como afirmó Bobbio al analizar las relaciones existentes entre igualdad y libertad: “La historia reciente nos ha ofrecido el dramático testimonio de un sistema social donde la persecución de la igualdad no sólo formal, sino bajo muchos aspectos también sustancial, se ha conseguido (además sólo en parte y de una manera muy inferior a las promesas) en detrimento de la libertad en todos sus significados”.

La libertad y la igualdad del individuo ¿acaso son incompatibles entre sí? ¿es que la única alternativa que presenta nuestro tiempo es la que enfrenta la libertad con la igualdad? La búsqueda del equilibrio le corresponde prescriptivamente al poder público por imperativo constitucional. No se trata de imponer modelos y mantener actitudes radicalizadas. Lo importante, es que exista la posibilidad de decidir un sistema u otro con entera libertad. Se trata de debatir sobre qué es lo mejor para nuestros hijos, dar información a los padres y concederles el derecho de elegir libremente la opción que estimen adecuada. Está en cuestión la propia libertad de educación. Lo que en un Estado democrático resulta cuando menos llamativo. 

Es curioso que las posturas más críticas frente al principio de libertad de enseñanza, en cuanto a pluralidad de escuelas y modelos educativos, las mantengan sobretodo quienes, en términos generales se manifiestan como defensores de la libertad y los derechos inalienables de la persona.

Para los ilustrados la educación era el camino hacia la libertad del individuo. Para el actual Gobierno la educación es la forma de controlar al individuo, haciendo desaparecer en primer lugar esa misma individualidad por medio de un uniformismo masificador.

En esta materia más que en ninguna otra sería sumamente deseable llegar a un Pacto de Estado, reclamado desde hace años; un consenso total entre las diferentes formaciones políticas que salve a la educación de cambios tan constantes como los cambios del partido en el poder. El consenso en educación es posible como lo demostraron los padres de la Constitución en la redacción del art.27. Este es sin duda un precedente de convergencia de posturas antagónicas a tener muy en cuenta. Un Pacto por la Educación es algo sin duda conveniente y necesario. No es bueno que el sistema educativo esté sometido a constantes convulsiones cada vez que cambia el gobierno. Pero debe tratarse de un pacto democrático, con contenido real, no una mera declaración de intenciones sin contenido que regula exclusivamente aspectos que poco tienen que ver con la estabilidad del sistema, y cuya pretensión es expulsar del diálogo a ciertos sectores educativos que no comparten sus ideas, para implantar así un monopolio público de educación. Un pacto requiere ante todo dialogar y renunciar a imponer los criterios propios por encima de los de los demás. Se ha de tratar de un pacto de todos y para todos y no sólo para el partido gobernante.

Como afirma Garrido Falla, la democracia consiste fundamentalmente en un sistema en el que las reglas del juego impiden a quien está en el poder llevar sus convicciones hasta sus últimas consecuencias (imponiéndolas a los demás). Desde la oposición, todo el mundo reclama democracia y libertad; pero la única patente que garantiza tener estas cualidades, se acredita desde el poder, es decir, demostrando que se respetan las reglas del juego a pesar de tener la posibilidad de burlarlas precisamente por disponer del poder.

La calidad, el progreso y la cohesión de nuestra sociedad en un futuro cercano dependen de lo que tengamos capacidad y voluntad de hacer colectivamente con la educación. La libertad de enseñanza es uno de los derechos fundamentales más inherentes a la persona ya que la ejercemos, sin apenas darnos cuenta, desde los primeros instantes de vida de nuestros hijos. Sólo desde la libertad se pueden forman personas libres. De manera que la educación no sólo precisa de libertad sino que es libertad. Hay que defender la libertad de enseñanza como docentes, padres y madres, con frecuencia, habrá que sufrir por ella, pero siempre valdrá la pena, pues como decía Don Quijote:

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos: con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.

Por María Calvo Charro

Profesora titular de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III.